reforma política

Si se hace un seguimiento en el tiempo, se puede ver que el desarrollo industrial en Tanzania ha pasado por varias fases evolutivas diferentes. Entre 1961 y 1967 se favoreció una política de industrialización ISI con una participación estatal relativamente escasa. Más tarde fue sustituida por los principios de la declaración de Arusha de 1967, que abogaba por un papel más pronunciado del Estado en la economía. Pronto siguió la nacionalización de los medios de producción y distribución. Las políticas que se adoptaron tenían como objetivo alcanzar altos niveles de crecimiento al tiempo que garantizaban la transformación social, una mayor participación de los trabajadores y una distribución equitativa de los ingresos nacionales. Hubo un aumento de la propiedad pública de la industria y del control regulador del Estado sobre el flujo de inversiones extranjeras, los precios y los tipos de cambio. Se dependió menos de la ayuda extranjera y el gobierno propuso utilizar los recursos locales y producir bienes intermedios para las industrias locales. Para ello se creó la SIDO en 1973 y se formaron dos grupos de industrias: uno para la producción de bienes de consumo y otro para la de bienes intermedios.

En 1975 se adoptó el BIS (y otros cuatro) para lograr el crecimiento utilizando los recursos propios del país. Los resultados del BIS se vieron obstaculizados por una combinación de medidas no relacionadas con el mercado, especialmente los controles de precios, las licencias de importación y la sobrevaloración del tipo de cambio. Las crisis económicas mundiales de los años 70 y la guerra de Kagera, así como el descenso de la productividad y de la relación de intercambio relativa, provocaron una aguda escasez de insumos y bienes manufacturados. Tras dos episodios infructuosos del NESP y del PAE, la ERP entró en vigor en 1986 y trató de restablecer el equilibrio. En 1986 se suprimieron los controles de precios, se redujo aún más el control normativo general del Estado, se disminuyó la tasa de protección y se buscó la participación activa del sector privado. Para promover la producción para la exportación, se introdujeron además algunos regímenes, uno de los cuales fue el Nuevo Régimen de Retención, que sustituyó al GRS.

En los años 90, el gobierno aprobó la Ley de Inversión Nacional de 1997 para promover y proteger la inversión privada mediante la concesión de exenciones fiscales, subvenciones y bajos impuestos sobre los beneficios de las empresas. A esto le siguió la privatización de las industrias a mediados de los años 90. En el mismo periodo, la nación adoptó el SIDP que debía durar hasta 2020 con el fin de lograr un desarrollo industrial sostenible para aumentar el empleo, la transformación económica, el desarrollo equitativo, la ISI y la promoción de las exportaciones. Sin embargo, su aplicación se ha visto desbaratada por la falta de asignación y utilización eficaz de los recursos, así como por la marcada orientación de las estrategias de reducción de la pobreza de los últimos años hacia los sectores sociales, que se caracterizan por unos periodos de maduración más largos.